By Este viernes 12 de junio de 2026, la política binacional México-Estados Unidos dio un giro que pone en jaque a la narrativa oficial mexicana. Donald Trump nominó a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional de EU, el mismo fiscal federal que lidera la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y su círculo político.
Clayton, quien desde Nueva York ha desmantelado redes de protección del Cártel de Sinaloa, ahora tendrá bajo su mando satélites, intervenciones telefónicas y operaciones de campo en la frontera. Esto eleva el caso Rocha Moya a un asunto de máxima prioridad para la Casa Blanca, dejando en una posición vulnerable a la presidenta Claudia Sheinbaum, que hasta ahora había minimizado la investigación.
El pasado 29 de abril, Clayton anunció formalmente las acusaciones contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Mendívil. La investigación revela una red de amparo político y financiero dentro del gobierno de Sinaloa, reforzada por las entregas voluntarias a EU de dos exfuncionarios clave: el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretarios estatales de Seguridad Pública y Finanzas, respectivamente.
Esto no es solo un cambio burocrático en Washington, es una señal clara de que la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México se juega ahora en las altas esferas del espionaje y la seguridad estadounidense. Para Puebla y su gente, que sabe lo que es vivir en una ciudad diseñada para pocos, este tipo de movimientos muestran cómo la justicia territorial y la presión internacional pueden influir en la política local y nacional.
Esto es lo que necesitas saber: el caso Rocha Moya ya no es solo un tema judicial, es un asunto de poder y espionaje que impacta la relación México-EU y pone en evidencia las grietas en la defensa oficial mexicana.